El 20 de febrero, John Neves, de 54 años, un empleado estatal de Oregón, presentó una demanda en un tribunal estatal alegando que había estado expuesto, sin saberlo, al asbesto durante 18 meses en el lugar de trabajo cuando remodelaba edificios residenciales en un histórico centro de detención juvenil. También dice que su supervisor sabía de la contaminación y permitió que el demandante continuara realizando trabajos de construcción y renovación en edificios que contenían asbesto, exponiendo al demandante y a otras personas que trabajaban con él (incluidos los jóvenes en las instalaciones) al peligroso mineral.
A principios de 2017, justo antes de enterarse del amianto, Neves desarrolló una tos que le producía sangre, y teme que pueda estar relacionada con la exposición.
El mes siguiente, Neves dice que había quitado algunos paneles de la pared, después de lo cual su jefe le dijo que los volviera a colocar para que los funcionarios estatales no vieran el asbesto. Esta inquietante conversación fue la primera vez que Neves supo sobre la contaminación. Después de un airado enfrentamiento con su jefe, Neves alega que le dijeron que le darían licencia remunerada porque había permitido que los jóvenes escondieran contrabando, algo que él niega.
En marzo de 2017, el demandante informó la situación a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregón, conocida como Oregon OSHA. La agencia emitió dos citaciones por infracciones graves por capacitación inadecuada sobre el asbesto y por no notificar a los trabajadores sobre el asbesto, por lo que fue multada.
En julio de 2017, justo antes de las citaciones, Neves fue despedido.
La demanda del denunciante
Neves demandó al estado, a la Autoridad Juvenil de Oregón, a su jefe, al superintendente de la instalación y a otros tres empleados. Solicita un juicio con jurado y 935.000 dólares en daños y perjuicios por:
- Daños económicos por pérdida de salarios y beneficios laborales pasados y futuros, deterioro de la capacidad de generar ingresos y costos médicos
- Daños no económicos como angustia emocional, humillación, dolor y sufrimiento, y otros.
Pide honorarios legales, costas e intereses, que toda la información negativa sea eliminada de su expediente laboral y que el tribunal ordene al empleador que cese la conducta discriminatoria y establezca prácticas para “erradicar los efectos de prácticas laborales ilegales pasadas y presentes”.
En su denuncia, Neves dice que nunca fue disciplinado en el trabajo. De hecho, recibió reconocimiento y un premio importante por su trabajo con los jóvenes en el trabajo. Afirma que su despido constituyó una represalia ilegal y discriminación en su contra según la ley estatal porque había informado a las autoridades sobre la exposición al asbesto.
También afirma que su jefe ayudó e instigó la discriminación y demanda a los acusados por negligencia bajo el derecho consuetudinario estatal por permitir su exposición sin protección al asbesto.
(La denuncia está disponible en Westlaw en 2018 WL 1009212).
